El pasado día 2 de agosto se aprobó en el Consejo de Ministros el Anteproyecto de la futura Ley de Servicios Profesionales, un proyecto que no deja indiferente a nadie y que supone un duro golpe a distintos sectores, precisamente en el peor momento de la economía de este país. Se trata de una medida, que parece no haberse medido, por el actual Gobierno, el alcance catastrófico que puede tener.
El anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros no se ha consensuado en ningún momento con los operadores jurídicos, al igual que ocurrió con la conocida como «Ley de Tasas«. De manera que, en ningún momento se ha consultado a los procuradores y abogados, ni tampoco a jueces, secretarios judiciales y demás profesionales que en el día a día son conocedores de las funciones que desempeñan estos profesionales. Por tanto, no se trata sino de la imposición de una medida que, curiosamente, no emana del Ministerio de Justicia sino del Ministerio de Economía y Competitividad, que poco o nada tiene que ver en las funciones y competencias que desempeñan en el día a día los procuradores y que, sin embargo, se dispone a «poner la casa patas arriba» en un tema que no debería ser de su competencia, y todo esto ante la pasividad de un Ministro de Justicia que no hace nada al respecto.
Se trata sin lugar a dudas de una medida que, de manera silenciosa, no pretende otra cosa que suprimir un colectivo altamente cualificado, y que durante años ha aportado tanto a la Justicia Española y a la modernización de la misma. De este modo, se pretende eliminar la incompatibilidad que hasta ahora ha existido del ejercicio simultáneo de la abogacía y la procura, lo cual puede ocasionar graves perjuicios a los usuarios de la Justicia, ya que no debemos olvidar que la Justicia es en definitiva un servicio al ciudadano.
Cuesta pensar que nuestros representantes políticos, a los que hemos otorgado nuestra confianza mediante las urnas y, por ende, les damos de comer, sean quienes ahora quieren quitarnos el pan de cada día con una medida que, a pesar de las justificaciones políticas que rodean su aprobación, no deja de ser una medida de destrucción de empleo y que va a ocasionar graves consecuencias sociales a los colectivos afectados.
Se puede anticipar sin ningún género de dudas, que el actual ejecutivo se ha propuesto eliminar del mercado a los procuradores. Primero fue con la Ley de Tasas, que ha disminuido el volumen de asuntos que entran en nuestros despachos a más de la mitad, con el consiguiente impacto negativo y el cierre de despachos de procuradores que no han podido aguantar, más aún en los tiempos de crisis en que vivimos. Y ahora, esta medida obligará al cierre de otros muchos despachos de procuradores y tener que sumarse a las penosas listas del INEM.
Problemática derivada de la adopción de tal medida:
1) Disminución de la calidad del servicio:
La calidad de los servicios relacionados con la Justicia se verán considerablemente mermados de manera negativa por cuanto se crea, con la Ley de Servicios Profesionales, una figura análoga de abogado-procurador que dista mucho de ser realmente eficaz por varias razones:
A) Incompatibilidad práctica: En la práctica diaria, la labor diaria del Procurador se desarrolla en los Juzgados realizando todo tipo de gestiones, las cuales le son encomendadas por el Abogado, que es quien dirige el procedimiento. Sin embargo, por lo general, el Abogado apenas encuentra tiempo para desarrollar estas labores porque su tarea se desarrolla fundamentalmente desde del despacho y tiene que atender personalmente a los clientes.
A esto hay que añadir que con la actual regulación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, los Juzgados no deben facilitar información alguna sobre los procedimientos por teléfono, por tanto, es obligatorio la presencia física ante los Juzgados, de la persona que se encuentre personada en el procedimiento para solicitar información del asunto.
B) Pérdida de objetividad: La figura del Procurador se encuentra íntimamente ligada con el órgano judicial y su misión, entre otras, es velar porque el procedimiento se desarrolle sin dilaciones indebidas y con la mayor celeridad posible. Es por ello que se trata de un profesional que desempeña su trabajo de manera objetiva para velar por el interés del ciudadano. Todo ello a coste 0 para el Estado y la Administración de Justicia ya que es el ciudadano quien asume el coste.
C) Retrasos en la Justicia: El hecho de que sea la misma persona quien asume ambas funciones de defensa y representación del ciudadano puedo conllevar en que en algunos casos se produzcan retrasos judiciales, habida cuenta de que puede existir un interés directo para una de las partes. Sin embargo, cuando interviene un Procurador en el procedimiento este actúa con total diligencia bajo la dirección jurídica del Letrado y sometimiento pleno a las Leyes y la Constitución, procurando que todos los trámites del proceso se lleven a cabo de manera adecuada.
A esto hemos de sumar el caso de que el Abogado esté llevando un asunto en una ciudad distinta a la que tiene su sede física el despacho. En estos casos, es el Procurador quien se encarga de que todo el procedimiento se desarrolle de manera adecuada y es quien va informando al abogado de todas las novedades que vayan aconteciendo en el mismo. En este sentido, con la medida que pretende adoptar el Gobierno, al objeto de extinguir la figura del procurador, será imposible llevar un procedimiento desde otra ciudad, más aún con la falta de modernización de la Justicia que existe hoy en día.
D) Responsabilidad del Procurador: El Procurador es un profesional que se encuentra sometido a las leyes y la Constitución. Asimismo, se encuentra sujeto a un estricto régimen de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, supervisado por el Colegio de Procuradores y con el obligatorio seguro de responsabilidad civil, sin coste alguno para el Estado.
2) Aumento del paro en el sector:
El Anteproyecto de Ley de la Ley de Servicios Profesionales señala que la aprobación de esta norma «se traducirá en un crecimiento del empleo y del PIB potencial». De hecho, según el Ministro de Economía, Luis de Guindos, «el impacto económico que tendrá el proyecto de Ley de Servicio Profesionales, superará a medio y largo plazo los 7000 millones de euros».
Nada más lejos de la realidad, en lo que a los procuradores se refiere, esta norma va a suponer un billete de ida a las listas del paro de muchos profesionales y de personas y familias, que sin ser procuradores, viven del trabajo de estos despachos, que a su vez generan empleo.
Resulta curioso que el actual ejecutivo adopte esta medida sin pensar, por ejemplo, en los miles de procuradores que tras más de 20 años de ejercicio tengan que empezar de 0 y tener que aprender la profesión de abogado, teniendo que incorporarse a despachos de abogados, con una edad con la que les va a resultar muy complicado la reinserción laboral por tener una edad «no competitiva».
En definitiva, la Ley de Servicios Profesionales pretende liberalizar, sin justificación suficiente, los servicios de distintos colectivos profesionales, creando un estado de caos generalizado. Sin embargo, curiosamente la futura norma no recoge modificaciones en relación a polémicos sectores como puede ser la liberalización de las farmacias y los estancos, que hasta la fecha se tratan de «títulos en propiedad» que se traspasan únicamente de padres a hijos y que con su liberalización miles de licenciados en farmacia, sin farmacia, podrían acceder a ese mercado del que la familia del Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se encuentra íntimamente ligado.
Diego José Crespo Vázquez.